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LEY PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO DE ARMAS

El proyecto de ley de armas, que ya fue consensuado con policías y militares, establece un estricto control desde el momento de la fabricación o desde la importación a Bolivia de las armas de fuego, munición, partes y materiales relacionados, explicó el ministro de Defensa, Rubén Saavedra. “Se busca establecer controles para minimizar los riesgos que causa la comercialización ilegal de armas y la seguridad nacional”, sostiene el ministro.

La ley de armas, que ya recibió el aval del gabinete de ministros y que próximamente pasará a la Asamblea, tipifica delitos referidos a la tenencia, portación, fabricación y robo de armas y fija penas que van desde uno hasta los 30 años de cárcel, sin derecho a indulto. La máxima pena se aplicará a policías y a militares que incurran en el hurto o robo de armas de fuego.
Desde su ingreso al país o su habilitación, las armas deben estar perfectamente identificadas mediante marcaje, consignado con el nombre del fabricante, país de procedencia, lugar, año de fabricación, marca comercial, modelo, calibre, serie numérica o alfanumérica y código de registro”, explicó Saavedra.
Todas las empresas y operadores dedicados a este negocio deben inscribirse en el Registro General de Armas de Fuego (Regaf), que dependerá del Ministerio de Defensa. Las Fuerzas Armadas se ocuparán del registro de las armas de uso militar, mientras que la Policía se hará cargo del registro de armas policiales y también de las destinadas a civiles.
Saavedra garantiza que el proyecto irá adelante porque “fue consensuado con la participación de los ministros de Defensa y de Gobierno”. Cuando se le consultó si se logró un acuerdo entre policías y militares respondió: “sí, por supuesto”. 
Uso de explosivos
Uno de los puntos que genera susceptibilidades entre dirigentes mineros y de la Central Obrera Boliviana (COB) es el referido a la explosión de dinamitas en las manifestaciones que, en caso de agredir a particulares, será sancionada con penas de cárcel de tres a seis años.
Saavedra explicó que, una vez aprobada la ley, se procederá al desarme voluntario y anónimo mediante un plan que elaborarán los ministerios de Defensa y de Gobierno, que incluirá “mecanismos de incentivo a las personas que se acojan a este plan”. 
Este programa nacional estará dirigido a aquellos que no puedan conseguir una autorización para portar un arma y que no quieran caer en la ilegalidad, pues caso contrario serán susceptibles de ser procesados penalmente 
Los detalles del anteproyecto
1 Las armas de uso civil se clasifican en armas individuales (revólveres y rifles) hasta el calibre 6.35 mm, armas de caza y pesca, armas deportivas, armas antiguas o de colección y otros tipos.
2 Las FFAA y la Policía confiscarán armas de fuego, municiones y explosivos, fuegos artificiales en delitos de tráfico y fabricación ilícita de armas.
3 La Policía secuestrará se incautará de armas de fuego, municiones y explosivos, fuegos artificiales y otros materiales relacionados con delitos flagrantes.
4 Por importación, exportación, adquisición, transferencia, transporte, venta y recepción de armas de fuego, explosivos y municiones, la pena que se prevé es de 10 a 15 años, según la propuesta.
5 Por portar armas sin permiso, el anteproyecto de ley prevé de 1 a 5 años. Aumenta la pena si son de uso militar.
 
Fuente: El Deber 

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