Enviado por prensa1 el 28 Mayo, 2013 - 19:21
Un reducido grupo de oficiales y suboficiales que fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas por delitos cometidos en su servicio tales como la deserción, abuso de autoridad (torturas y vejámenes a los conscriptos) usurpación de funciones, exacciones, apropiación ilegal de los socorros de los soldados y otros, instalaron medidas de presión en la Plaza Abaroa de forma injustificada e ilegal.
Este grupo de ex militares dados de baja de las FFAA pretenden ser acreedores de una jubilaciòn con el 100% de su haber sin cumplir la normativa legal, ya que fueron sancionados por la comisión de delitos, actos de indisciplina y no están en igualdad de condiciones de los militares que cumplen su servicio continuo durante 35 años en forma responsable y disciplinadamente.
Estas personas a parte de vulnerar la normativa militar no cuentan con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) en cuanto a los años de servicio, por lo que no corresponde su jubilación en las mismas condiciones de los militares que cumplieron su carrera militar conforme establece la norma.
Este grupo de oficiales y suboficiales retirados de las Fuerzas Armadas, que hoy demandan el mismo trato de los militares del servicio continuo, se jubilan con el número de aportaciones que lograron efectuar durante su permanencia en las filas militares, por lo que no corresponde a esta Cartera de Estado ni a las Fuerzas Armadas definir los procedimientos ni requisitos de jubilación, ya esta es una competencia de las autoridades de pensiones.
